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Río Negro y Neuquén reivindican la potestad de sus recursos hídricos

Los gobernadores de Río Negro, Arabela Carreras, y Neuquén, Omar Gutiérrez, firmaron hoy el acta acuerdo para el análisis de propuestas ante la finalización de las concesiones hidroeléctricas emplazadas sobre los ríos Limay y Neuquén.

Fecha: 27 de diciembre de 2021
Importante trabajo conjunto entre ambas Provincias en materia de recursos hídricosCrédito: Gobierno de Río Negro

Entre otras cosas, los Mandatarios ratificaron la conveniencia y necesidad de intervenir en todo lo relativo a la administración, operación, mantenimiento, explotación comercial y preservación de los aprovechamientos hidroeléctricos.

En el acto, participaron los titulares de energía de ambas provincias, Andrea Confini (Río Negro) y Alejandro Monteiro (Neuquén).

El acta acuerdo define constituir una Comisión integrada por representantes de ambas Provincias, para que en el plazo de 120 días confeccione un documento que considere y resuma la situación actual de los aprovechamientos desde el punto de vista técnico (civil, electromecánico y eléctrico) y ambiental, además de las obras prioritarias.

Dicha Comisión presentará ante los gobernadores de ambas provincias una propuesta de acción para ser elevado al Gobierno Nacional.

Entre los meses de junio y diciembre de 2023 se producirán los vencimientos de las concesiones otorgadas por el Estado Nacional para la operación, mantenimiento y explotación comercial de los aprovechamientos hidroeléctricos existentes sobre los ríos Limay y Neuquén, El Chocón-Arroyitos, Piedra del Águila, Alicurá y Complejo Cerros Colorados.

Nación es quien definirá el esquema o modelo a implementar para llevar adelante tanto la operación y mantenimiento, como la explotación comercial.

En ese sentido, las provincias de Río Negro y Neuquén detentan el dominio inalienable e imprescriptible sobre los recursos hídricos existentes en sus territorios (Artículo 124° de la Constitución Nacional), resaltando que el uso y aprovechamiento de estos recursos debe propender al desarrollo regional, mediante la aplicación de la renta resultante de la comercialización de la energía generada, a un plan de estudios, proyectos y obras de infraestructura a consensuar entre las provincias.

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