La actividad tuvo lugar en el Auditorio del Museo Provincial Patagónico de Ciencias Naturales (MPCN) y fue organizada por el Hospital Francisco López Lima.
A cargo de las disertaciones estuvieron el médico Alejandro Gomel, jefe del servicio de Tocoginecología del López Lima, Pablo Maida asesor legal de la institución y Silvana Pesado, referente de Diversidad y Género del Ministerio de Salud de Río Negro.
Ana Senesi, directora del Hospital, expresó que “es necesario poder explicar a todo el personal de los hospitales de la zona, cual es el circuito que hay que respetar para llevar a cabo los procedimientos”.
Durante la capacitación, de la que participaron médicos, enfermeros, trabajadoras sociales, se abordaron los distintos aspectos de la aplicación de la ley, desde la llegada de la solicitante a un centro médico, hasta los estudios que se deben requirir y los casos en que se necesita o no autorización.
“Estamos haciendo camino al andar y haciendo una red para aceitar el funcionamiento del sistema. Por ejemplo nos reunimos con el servicio de Imágenes para ajustar lo referido a las ecografías, necesaria para constatar la edad gestacional y que los turnos sean tomados como urgencias” expresó el médico Gomel.
En los casos que han surgido que implican el procedimiento de IVE, en base mayormente a los médicos generalistas. El 90 por ciento de los casos en los que se debe implementar la ley, son medicamentosos y ambulatorios, son muy pocas las intervenciones que deben hacerse en área de internación”, indicó Alejandro Gomel.
Los casos que llegan a quirófano son aquellos en que el embarazo cursa ya más de doce semanas, seis días y hasta las 14 semanas y seis días, momento máximo en que se puede practicar la interrupción según marca la ley.
“Después de la práctica del aborto, la paciente se puede derivar a los distintos servicios y ahí ya no corre ningún tipo de objeción de conciencia”, agregó Gomel.
Silvana Pesado, del ministerio de Salud, refirió que “estamos acompañando la actividad, con la idea de seguir capacitando a los equipos para garantizar los derechos de las personas gestantes, que es una obligación que tenemos como Estado”. “Es un camino, empezar a militar la ley, garantizar los derechos de las mujeres, personas gestantes. Es clave la perspectiva de género y el derecho de las pacientes”, agregó Pesado.
“En lo que es la práctica en sí misma no se vieron grandes cambios porque con la ley que existía, que tiene casi 10 años, las Interrupciones Legales se venían realizando. Lo que estamos haciendo es capacitar en derechos de las mujeres”.