El Gobierno ratificó su postura respecto a la tarea de la Policía en relación a los menores de edad

En este sentido, el ministro de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan, señaló que este hecho ocurrido en Viedma, donde un menor de edad baleó una comisaría minutos después de ser liberado tras un hecho delictivo, ratifica la decisión del Gobierno Provincial de apelar el fallo de la Cámara en lo Criminal de Viedma que hizo lugar a una acción de Habeas Corpus presentado por la Defensoría de Menores.

En este marco, Pérez Estevan descartó que la Policía rionegrina aplique acciones o medidas contra los menores de edad y señaló que, por el contrario, se actúa de manera preventiva.

Del mismo modo, confirmó que en las próximas horas, a través de la Fiscalía de Estado, se presentará la apelación al fallo judicial que hizo lugar al Hábeas Corpus presentado por la defensora de Menores e Incapaces, Patricia Alejandra Arias, y ordenó el cese de las prácticas policiales desarrolladas bajo el amparo del artículo 5 inciso a de la Ley Provincial D N° 4109, que consisten en demorar a niños y niñas bajo la justificación de su protección, sin que se encuentren cometiendo actos de naturaleza correccional o delictiva.

“Tuvimos un episodio que viene a ratificar la postura que ha tomado el Gobierno provincial. Se trató de la demora de un menor de edad en ocasión de un ilícito, que, por una cuestión judicial, en menos de dos horas de detención fue devuelto a sus padres y minutos después se acercó a la comisaría del barrio y efectuó varios disparos contra las instalaciones con un arma 9 mm”.

“Esto nutre la postura que tiene la Provincia para presentar este recurso de apelación, en razón de llegar a un punto donde podamos ejercer la tarea de prevención cuando se trata de menores, dando intervención a los organismos respectivos y no actuar ex post, o sea, una vez que el ilícito ha sido cometido”, dijo el funcionario.

Pérez Estevan ratificó que se busca trabajar “de manera preventiva, no desde el ámbito estrictamente policial, sino que la Policía sea disparador de los dispositivos de protección con los Ministerios de Desarrollo Social y Salud o a quien le toque intervenir”.